Empresarios de la región expresaron ante este medio su profunda preocupación por el retiro de YPF y en especial por la postura del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, con relación a la salida de la operadora y la permanencia en la cuenca de su empresa subsidiaria, AESA (Astra Evangelista Sociedad Anónima), dedicada a la perforación y servicios complementarios de pozos. Durante una entrevista, el funcionario defendió esa decisión de la operadora.
“En realidad, lo que se está avalando es que AESA siga trabajando en la región, facturando servicios y trasladando esas ganancias hacia Vaca Muerta -dijo uno de los contratistas locales-. Es increíble que el funcionario provincial no defienda a las empresas de la región”.
El conflicto surge porque en una entrevista con Radio Del Sur, Ponce defendió la posibilidad de que AESA permanezca como empresa de servicios en la cunca San Jorge, cuando la operadora está en retirada, más allá de su permanencia en el área Manantiales Behr.
Qué dice la ley que exige el compromiso con empresas de la cuenca San Jorge
Lo que provocó el enojo en el sector de pymes regionales es que, de los dichos del ministro, no se desprendió un compromiso para incentivar la participación de empresas de la región. “El ministro desconoce lo que dice la ley provincial XVII nº102, que en su artículo 6 refleja el compromiso de a provincia con empresas regionales”, comentó uno de los empresarios.
Del mismo modo, citaron el artículo 7.2, que establece textualmente que “con el objetivo de generar fuentes de trabajo perdurables y consolidar un mercado local y regional competitivo de empresas proveedores de bienes, obras y servicios para la industria petrolera, YPF se ajustará a lo dispuesto en la ley 17.319 y la ley XVII-102”.
La norma establece además que YPF se debe comprometer a generar acciones para “propender a que las proveedoras locales logren equivalencias en capacidad, responsabilidad, calidad y precio a proveedores extrazona. Para ello establecerán procesos que permitan incrementar su red de proveedores locales y regionales, sobre la base de contratos de mediano y largo plazo a efetos de contribuir a la sustentabilidad de la actividad en la región. La provincia, a través de la autoridad de aplicación, analizará anualmente, conjuntamente con YPF y con la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge, la evolución de los niveles de contratación local y regional, las dificultades u obstáculos que se encuentren y los cambios o acciones a desarrollar para facilitarlo. A tal efecto, a partir del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 11 y durante el primer mes de vigencia del presente acuerdo, ambas partes definirán los indicadores de gestión de los procesos arriba mencionados”.
Ese es el punto que se reclama al ministro, para que se tomen los recaudos a fin de que la salida de la operadora y el ingreso de Pecom tengan en cuenta lo que está establecido por ley en la provincia.
“Si no toma en cuenta estos compromisos establecidos por ley, la evaluación que hará sobre el pan de Pecom va a perjudicial para las empresas regionales”, criticaron.
Ponce aseguró además que la concesión que vence dentro de 22 años, tras la prórroga por 10 años otorgada en 2016, tiene también una extensión hasta 2047. Aunque la ley nacional 17.319 establece que el nuevo período será como prestador de servicios y no ya como operador de área, ya que legalmente la prórroga no puede exceder los 10 años, el ministro insistió en que tendrán atribuciones de operador, algo que también provocó indignación entre contratistas regionales.
