Una iniciativa impulsada por Proyecto Sur, el movimiento político conducido por Pino Solanas, propone la creación de la “Empresa Petróleos de Argentina Sociedad del Estado (PETROARG), además de promover un marco normativo para los hidrocarburos en el país. Tiempo atrás, durante la campaña legislativa del año 2009, el actual diputado nacional impulsó también la inicaitiva de volver a estatizar la actividad petrolera. Desde otra vereda ideológica pero aceptando que la política tiene aportes para realizar, el consultor Jorge Lapeña planteó una refutación de aquella propuesta, pero sin renunciar a la posibilidad de adoptar decisiones que deben replantear el rumbo en materia energética para el país.
Proyecto Sur propone crear una empresa pública perteneciente al Estado Nacional, con participación de las provincias, municipios y sus empresas estatales.
En principio se prevé que “PETROARG se encargará de la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos en las áreas correspondientes al Estado Nacional (Mar Argentino a partir de las 12 Millas). Para esto se transfieren los permisos otorgados a ENARSA sobre áreas sin explotar y se cancelan las concesiones existentes. La Secretaría de Energía y PETROARG estudiarán los contratos y su cumplimiento. Si alguno no puede ser rescindido por incumplimiento, se reconocerá una indemnización igual al costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.
Para revertir la desregulación impulsada en 1990 por el gobierno menemista, la propuesta de Proyecto Sur propone derogar los 3 decretos de 1989 (1055, 1212 y 1589).
Se reemplaza la supuesta reglamentación de la 17319, declarándose a los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, incluyendo sus derivados, de importancia estratégica bajo la regulación del Estado Nacional.
A diferencia de la actualidad donde se presenta como objetivo que los precios internos iguales los de “parida de exportación” se estipula que los precios internos sean compatibles con los costos incurridos, incluyendo una ganancia normal, independientemente de los valores internacionales y los precios de indiferencia de exportación.
Se elimina la libre disponibilidad de hidrocarburos, derogando la posibilidad de no entrar al país el 70% de las divisas de las exportaciones de petróleo y combustibles.
La secretaría deberá hacer un control de la limitación de 5 áreas que estipula la ley 17.319 en seis meses, derogando la flexibilidad que estipuló los decretos que permiten que se acumulen áreas en manos de las mismas empresas.
Meses atrás, el ingeniero Jorge Lapeña escribió un artículo, desde su rol de presidente del Instituto de la Energía Gral. Mosconi, en respuesta a una iniciativa anterior de Pino Solanas (pero relacionada filosóficamente con al nueva propuesta, arriba reseñada), en torno a la re estatización de YPF. Vale el esfuerzo de intentar el diálogo entre las producciones de ambos sectores, para conocer matices de un debate todavía no definido en la superficie.
“Si se quiere ir a fondo, tres temas se plantean en el debate hoy –escribió Lapeña-:
a- La nacionalización de nuestros recursos naturales y la forma de lograrlo;
b- La conveniencia o no de la estatización de las compañías en este caso de YPF pero no exclusivamente de YPF;
c- La recuperación de las rentas excepcionales de nuestros recursos naturales.
La discusión sobre estas cuestiones debe ser práctica y no sólo ideológica. Se trata de resolver un problema concreto; lo fundamental es que tenemos que proponer decisiones concretas que no tienen costo cero. El primer tema se refiere a la nacionalización de nuestros recursos naturales. Sobre este tema cabe lo establecido en el artículo 124 de la CN en su último párrafo dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Como tal la Nación en el caso de la plataforma económica exclusiva y las provincias en sus respectivos territorios son la titulares del domino originario de los recursos. Dicho esto debemos decir que quien debe fijar las formas en que las rentas ordinarias y extraordinarias se reparten no debe ser otro que el Congreso Nacional mediante la sanción de una ley. (…) Mi opinión es que la Argentina no tiene una buena ley de Hidrocarburos; la actual no es clara en estos temas, y está totalmente desactualizada a partir de la privatización de YPF y Gas del Estado a principios de los 90, y sobre todo desde la sanción de la nueva Constitución Nacional en 1994.
A mi criterio ésta sería una cuestión substancial en el diálogo político si es que éste se materializa. (…)
La re-estatización de compañías hoy privadas que fueron vendidas en los años 90 con actos conforme a derecho tiene un precio que debe ser acordado en una negociación entre vendedor y comprador. La cuestión no menor es si el comprador (el estado) tiene los recursos para realizar esa compra, y en caso de tenerlos si esa es la mejor asignación que un país como Argentina puede hacer aquí y ahora; habida cuenta la gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas de nuestra población (vivienda; hospitales; escuelas; pobreza extrema).
Esto obliga a un planteo inteligente y claro de la cuestión. Por ejemplo ¿Por qué comprar YPF hoy si en el 2017 todos los yacimientos que ésta hoy posee pasarían sin cargo al estado tal lo previsto en la ley de hidrocarburos vigente, y en los contratos de concesión firmados en su mayoría en 1992? ¿Porqué comprar las refinerías de YPF si allí no hay una fuente de renta extraordinaria sino una operación industrial como tantas que transforma el recurso primario petróleo en derivados? ¿Porqué hacerlo si la industria refinera puede operar en forma competitiva bajo la atenta mirada de estado, cuya función en este tema debe ser verificar que no haya abusos de posición dominante por parte de ninguno de los actores, que afortunadamente son varios? (…)
Lo anterior implicaría una toma de posición clara y sin ambigüedades que ningún partido político ha hecho en los últimos 17 años que se podría enunciar de está forma:
“Al término de los plazos de las concesiones previstos en la legislación estas revertirán al estado sin costo alguno para este, conforme lo establecido en los respectivos contratos y en la correspondiente legislación”.
La anterior proposición debería complementarse con otra: “En el caso de que la legislación aplicable prevea la posibilidad de prórrogas a las actuales concesiones éstas no serán automáticas y estarán sujetas al resultado de una Auditoria de Gestión independiente que dictamine sobre el cabal cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones contractuales”.
Finalmente, el ex secretario de Energía de la Nación duda de que haya posibilidad de rentas extraordinarias en las áreas tradicionales (la mayoría en etapa de declinación), Y advierte que es en las áreas marinas y las no tradicionales –que entrañan el mayor riesgo geológico y la necesidad de más fuertes inversiones- donde debe plantearse el debate para resolver cómo encauzar la situación:
“Evidentemente en este punto cabría hacer un análisis: tanto las áreas marinas como las no tradicionales pueden ser objeto de cualquier decisión por parte nuestra: se podría idear un sistema en el cual el 100% de la renta petrolera quede en el Estado y nada en un tercero. Inversamente se podría plantear un objetivo totalmente laxo en el cual toda la renta petrolera quedara en manos de las empresas privadas y nada en el estado.
Queda claro ambas son áreas de alto riesgo, su exploración y desarrollo requieren altísimos costos, y altos conocimientos tecnológicos para ser llevados a cabo. Si bien los hidrocarburos son de existencia posible requieren previamente ser descubiertos y puestos en producción. Acá es donde el dilema práctico aparece: una solución tipo 100% de la renta para el Estado puede ser “muy patriótica” pero poco práctica y poco beneficiosa para la generación presente. Inversamente una solución 0% de la renta para el estado será siempre “antipatriótica” habida cuenta que la experiencia prueba que lo usual es el usufructo y el reparto de la renta. El desafío actual de la política es buscar una solución justa que resuelva este dilema práctico; la solución entonces debe provenir de la política. Estamos ante el desafío formidable de debatir aquí y ahora el futuro de nuestros recursos naturales. De definir con qué reglas legales los explotaremos, como repartiremos las rentas ordinarias y extraordinarias”.
